Dispares reacciones en el oficialismo ante acuerdo Gobierno-SQM y la oposición lo observa con cautela

Tras meses de negociación, se conoció este miércoles que el Gobierno y SQM sellaron un acuerdo para explotar el litio, a través de una alianza público-privada. Lo que desató la reacción no sólo de los mercados, sino también del mundo político, donde la oposición también expresó una moderada satisfacción al respecto. Un ejemplo de ello es la mirada del presidente del Senado Juan Antonio Coloma (UDI) quien, pese a valorar la medida, advirtió que espera que “vaya en beneficio de los chilenos y no a pagar deudas de Codelco”.

De hecho, según Coloma, este acuerdo “está lleno de cosas muy impresionantes” y, acto seguido, señaló que “este tipo de soluciones me parecen mucho mejor que seguir avanzando en la Empresa Nacional del Litio, que se demora años en resolver un tema”; aunque también instó al Ejecutivo a explicar por qué se negoció sólo con una empresa, en vez de realizar una licitación abierta que es más transparente, pese a que SQM sea la que más sabe del tema.

Profunda desconfianza

En esta línea, el diputado radical Tomás Lagomarsino pedirá a la Comisión de Minería de la Cámara que cite al presidente de Codelco, Máximo Pacheco, y a la ministra de Minería Aurora Williams ante esa instancia para que expliquen “por qué se escogió a SQM para el memorándum con Codelco”, cuestionando la elección de la empresa investigada por financiamiento de actividades políticas.

En sintonía con Lagormarsino, el integrante de la mencionada instancia, diputado Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), confirmó que pedirá que, efectivamente, se cite a Pacheco y también al vicepresidente de Corfo, José Miguel Benavente, “para analizar los detalles y el alcance del memorándum firmado entre la minera estatal y SQM para el desarrollo de la industria del litio”.

Los senadores de la FRVS Alejandra Sepúlveda y Esteban Velásquez también expresaron sus dudas respecto al negocio realizado. Este último, fue drástico en su análisis, advirtiendo que dado que SQM es socio del Estado, es válido recordar que esta “es una empresa que financió irregularmente la política, que eso eventualmente podría haber sido delito”. En este sentido, enfatizó que cuando se conforman sociedades “también tiene que haber principios (…) no cualquier socio es éticamente viable que sea parte de lo que un Estado probo quiere desarrollar de buena manera”.

Sepúlveda, en tanto, instó al presidente Gabriel Boric a que “revise acuciosamente este convenio con abogados independientes, neutrales, que nos den garantías a todos, que esta revisión es absolutamente imparcial y autónoma de las personas que realizaron estas gestiones”.

Incluso, hasta molesto reaccionó a la información el presidente de la comisión investigadora de Codelco, el independiente-PPD Cristián Tapia, quien aseguró que, "la verdad, es que nos ha sorprendido esta noticia de que Codelco y SQM han llegado a un acuerdo para extender el contrato con el Estado, que dura hasta el 2030, hasta el 2060”, asegurando que no se esperaba esta información, porque al contrato actual aún le restan seis años.

Desde su punto de vista, “las cosas no están claras”, por lo que pedirá a la Comisión de Minería que se transparente este proceso.

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El oficialismo que festeja

Mucho más resueltos a apoyar la decisión del Gobierno estuvieron otros parlamentarios oficialistas, varios de los cuales destacan la participación del Estado como accionista mayoritario, en esta sociedad. Ese es el caso de la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Gael Yeomans, de Convergencia Social (CS), quien se mostró convencida de que el acuerdo “es una buena noticia para el país” y valoró la incidencia que tendrán en él los pueblos atacameños. Sin embargo, coincidió en que es deseable que el Congreso conozca los detalles de este negocio, para lo cual promueve la realización de sesiones especiales que “nos permitan una interlocución con el Ejecutivo, va a ser importante en los próximos días”.

Acto seguido, el diputado Gonzalo Winter (CS) subrayó la importancia del acuerdo en el marco de un proceso de “desprivatización de nuestros recursos naturales”; sin embargo, también destacó la capacidad del Gobierno de tomar “las capacidades que ya hay instaladas en el país para aventajarse, adelantarse, en el mercado del litio, que es muy importante para el crecimiento económico y para el desarrollo”.

Por otro lado, la diputada independiente del Frente Amplio, Mercedes Bulnes, junto con valorar la medida, recalcó que “son dineros que entran para las necesidades de la gente y son riqueza para nuestro país”.

Otro integrante de la Comisión de Minería de la Cámara, el socialista Nelson Venegas, coincidió con Yeomans en cuanto a que “esta es una gran noticia para el país”. Adicionalmente, expresó su convicción de que cada vez más, el litio, se va a convertir en un insumo necesario para muchas actividades, por lo que de manera bastante optimista, asegura que “resultó”, pese a los vaticinios de sectores de oposición que sostenían que el Gobierno no tiene una política adecuada en este tema.  Venegas tiene la convicción de que dada la conformación de esta sociedad con SQM “las decisiones estratégicas van a estar en manos del Estado de Chile” y los recursos que resulten contribuirán a resolver distintas necesidades para Chile.

Oposición: un avance “muy menor”

En la vereda del frente, la reacción de Coloma es sólo una muestra de la posición mayoritaria del sector, donde no se dan por sorprendidos con el resultado de las negociaciones ni tampoco lo festejan; por el contrario, lo miran con cautela. Ese es el caso del presidente de Renovación Nacional (RN), senador Rodrigo Galilea, quien señala que “eso es lo único que todos sabíamos que ocurriría: Que SQM sacaría un acuerdo, alargando su permiso en 30 años”, argumenta.

Y, desde el punto de vista del parlamentario opositor, aún falta conocer muchos detalles y lo percibe como un avance “muy menor”.

Para la diputada Sofía Cid (RN) lo ocurrido es “un golpe de realidad para todos aquellos que insisten en excluir a la minería privada de la industria del litio”, pues a su juicio, efectivamente, la idea de colaboración público-privada está incluida en la Estrategia Nacional del Litio presentada por el Presidente Boric, pero no es el pilar de la misma, por lo que “es muy relevante que el único anuncio concreto en materia de litio hasta la fecha sea de esta naturaleza”.

Mientras que el presidente de la Comisión de Minería del Senado, José Miguel Durana (UDI), tiene la convicción de que “la producción y desarrollo del litio, de ser exitosa, va a generar un tremendo aporte al ingreso de divisas para el país y va a permitir poner la política social, inversión y el empleo en el centro de atención del Gobierno para lograr satisfacer las necesidades de las personas”.

Eso sí, no comparte tanta alegría expresada por el Presidente de la República sobre este acuerdo, porque tenemos que poner la pelota al piso y Codelco ha sido ineficiente en estos años e incapaz de liderar la producción de cobre.

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Guillermo Ramírez: el más optimista

El único representante opositor que se mostró abiertamente de acuerdo con esta sociedad, fue ni más ni menos que el jefe de bancada de diputados de la UDI, Guillermo Ramírez, quien no tuvo dudas en sostener que la sociedad constituye una buena noticia para el país, “porque va a aumentar el nivel de explotación del litio, creando riquezas para el país. Nosotros nos alegramos de que el Gobierno haya tomado la decisión de hacer una alianza con el mundo privado, entendiendo que ellos son los que tienen la expertise para explotar el litio y, por supuesto, que el Estado participe en las utilidades de esta explotación”.

Ramírez espera que el país pueda recuperar el tiempo perdido en estos meses y “vuelva a ponerse en el lugar que le corresponde  en cuanto a la producción mundial de litio”.